Derecho administrativo

En el Perú existen un conjunto de instituciones públicas especializadas, en la regulación, supervisión y fiscalización de las actividades económicas y servicios públicos privatizados u otorgados en concesión. Nuestros servicios incluyen la asesoría legal la defensa y el patrocinio en asuntos regulatorios administrados por todos los organismos supervisores, así como en procedimientos ante el Organismo Supervisor de Contrataciones en el Estado (OSCE).

En materia de Derecho Administrativo contamos con un equipo dedicado a la gestión de todo tipo de procedimiento ante el Gobierno Central y los Gobiernos Locales y Regionales.

En general, nos preocupamos por servir eficazmente a nuestros clientes cualquiera sea la necesidad específica en sus relaciones con las entidades estatales. La asesoría comprende la obtención de los permisos, autorizaciones y licencias que requieren para el desarrollo normal de sus operaciones y negocios, la iniciación de procedimientos administrativos de reclamo y asistencia en procesos de fiscalización, la defensa legal en caso se sanciones o cobros indebidos y demás trámites.

  • Obtención de autorizaciones, licencias y permisos.
  • Procedimientos administrativos ante ministerios, municipalidades, organismos reguladores y dependencias públicas en general.
  • Impugnación de multas y sanciones.
  • Obtención de pronunciamientos oficiales a través del ejercicio del derecho de petición.
  • Solicitudes de Informes Técnicos Favorables (ITF).
  • Contratación con el Estado en general.
  • Procesos de selección en adquisiones públicas (licitaciones, concursos públicos, etc.).
  • Obtención de concesiones de servicios y obras públicas (electricidad, telecomunicaciones, transporte, saneamiento).
  • Contratos de privatización de Compañías del Estado.
  • Solución de controversias e impugnación de decisiones en proceso de adquisición publica.
  • Asesoría en procedimientos ante los entes regulatorios.
  • Asistencia legal en procesos de supervisión, fiscalización y sancionatorios.
  • Obligaciones y responsabilidades post – privatización.
  • Patrocinio y defensa en controversias derivadas de contratos con el Estado.
  • Asesoramiento en procedimientos de ejecución coactiva.
  • Procesos contencioso – administrativo.